Prestación de servicios

Pontevedra, 07 Agosto de 2015 

Cuando hablamos de la justicia, hay dos máximas que debemos tener en cuenta. Una, la justicia española es una de las instituciones que de forma regular sale valorada de forma muy negativa por los españoles, que se quejan de su lentitud, mal funcionamiento y lo que es mucho peor, de ser manifiestamente injusta. Y dos, que la justicia está dominada por los partidos políticos. Ambas, son obviedades de tal calibre, que ya nadie debería discutir. Se pueden aceptar matices, pero negar la evidencia sería una visión poco objetiva del asunto. Si a esto unimos que el órgano que gobierna a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que tendría que velar escrupulosamente por el cumplimiento limpio y diligente de la justicia española, se viene comportando de forma completamente corporativa y partidista, nos encontramos con un panorama verdaderamente desolador.

Aunque la Constitución establece una separación de poderes, sabemos que tal separación es solo formal, ya que constantemente vemos que en la práctica, los tres poderes interfieren por la acción interesada de los partidos políticos que sustentan a los Gobiernos. Concretamente en el poder judicial, los grandes partidos (PP y PSOE) se pelean por nombrar a sus afines con el fin de dominar la justicia. La utilizan como moneda electoral cada vez que se acerca una cita con las urnas. Todos prometen hacerla más rápida, más transparente y más justa, pero todo se queda en eso, en promesas. Y ¿por qué quieren dominar la justicia? Pues por intereses que van mucho más allá de la simple colocación de amigos en puestos importantes de la Administración. Es decir, no hay un interés laboral, sino un interés de control de aquellos que les pueden librar de algunos casos de corrupción molestos. Si no fuera así no habría las disputas que hay por poner a los suyos al frente del famoso CGPJ.

Todos los ministros del ramo, en mayor o menor medida, han tratado de hacer una justicia a su medida, o al menos a la medida de su partido. El actual ministro, Rafael Catalá, no es una excepción y está destacando por la manipulación judicial y por los favores que desde el ministerio le está haciendo al PP. Con poco ruido pero con gran efectividad. Entre sus logros está el de poner al frente del tribunal que juzga el caso de la Gürtel y los papeles de Bárcenas a dos magistrados afines al partido.

Pero por si esto fuera poco, y para contentar a Rajoy, colocó como secretaria de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional a una compañera de orla del presidente. Se trata de un puesto clave porque tiene acceso a información privilegiada en relación con la corrupción de los partidos políticos. Por tanto, el interés en el nombramiento tiene como objetivo un fin partidista claro. Por sus manos pasará el reparto de todas las causas que se decidan en ese tribunal, y en ese sentido, el nombramiento no es un hecho baladí, pudiendo considerarse una autentica injerencia del Gobierno en la independencia de la justicia.

Catalá está haciendo su trabajo a la perfección porque está trabajando para el partido. Habrá que ver que puesto le dan cuando el PP pierda el poder tras las elecciones de diciembre. Seguro que acabará en algún puesto importante por los servicios prestados. Que para eso fue nombrado ministro.

Publicado en PontevedraViva.com el día 07 de Agosto de 2015