Ocupación ilegal

 András, 09 Diciembre de 2020

La ocupación ilegal de casas privadas es un tema que suele generar controversia entre los defensores de la propiedad privada y los defensores del derecho a la vivienda. Ambos derechos deberían ser compatibles pero, como norma general, deberíamos asumir que todo lo que no sea proteger a los propietarios, equivale a defender a los invasores. 

La propiedad privada no solo es sagrada, sino que debe ser definitoria de la calidad de una democracia, porque donde no existe, el estado de derecho, la libertad, la igualdad y los valores democráticos, suelen estar amenazados. Ejemplos tenemos de sobra, por desgracia.

No podemos decir que en España la propiedad privada está amenazada, pero es verdad que cada vez está más acosada, de una manera legal, aunque ilegítima, por diversos factores. Sobre todo por los impuestos injustos que castigan el patrimonio por el que se ha tributado cuando se hereda, obligando a un doble pago, muchas veces insoportable para el bolsillo del propietario o del heredero.

Pero hay otra amenaza mayor, y es la ocupación ilegal de viviendas, disparada con la crisis y alentada de forma irresponsable desde ciertas trincheras políticas, que jalean y animan a la ocupación de viviendas desocupadas por sus propietarios. 

No existe ninguna razón que justifique la ocupación ilegal de una propiedad ajena. Ni siquiera en los casos de necesidad extrema, que han de ser atendidos de manera regulada por la Administración. Y tampoco, obviamente, el de las mafias, que además de invadir una propiedad que no es suya, mercadean con ella.

Hasta el momento, ni la justicia ni las leyes han dado una respuesta firme al problema, de forma rápida e incuestionable; dando la sensación de que se protege antes los inexistentes derechos de los “okupas”, que los legítimos de sus dueños.

Es inadmisible, y no hay ninguna razón para que, con los cambios legales que sean necesarios, este problema se pueda resolver en 24 horas, desalojando a los okupas de inmediato y restituyendo los derechos de los propietarios. Y a continuación, por supuesto, buscándoles alternativas si su situación es desesperada.

Alentar la ocupación ilegal es indecente y se convierte en el caldo de cultivo que un tipo de populismo ha generado en España, legitimado desde partidos y dirigentes como Pablo Iglesias o Ada Colau, lo que no es más que un delito.

Es urgente alcanzar una solución a este asunto porque, de lo contrario, el riesgo que corremos, además de rebajar la calidad de la democracia, es la estimulación de la propia sociedad a la organización, a través de patrullas callejeras para la defensa personal, porque si el ciudadano se siente abandonado, es lógico que piense en respuestas alternativas que protejan sus intereses, aunque eso, presagie conflictos sociales muy inquietantes.