Pontevedra, 25 Marzo de 2015
El
Gobierno va a privatizar el Registro Civil. La operación ideada por el ministro
Gallardón y continuada por su sucesor Catalá de entregar al Colegio de
Registradores de la Propiedad la gestión de los expedientes de nacionalidad con
la excusa de resolver el colapso, supuso la aplicación del software
informático que los registradores debían utilizar y que costó al Colegio la
apreciable suma de 5,15 millones de euros. La primera sorpresa fue que el jefe
del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo
nombrado por Gallardón en enero de 2012, el registrador Javier Angulo
Rodríguez, era a su vez el administrador de la sociedad de matriz rumana FUTUVER CONSULTING que diseñó y vendió
el software. De este modo, Angulo, con el visto bueno de sus superiores
en el Ministerio de Justicia, impuso a los registradores la contratación del software
de su propia empresa privada. Pero el negocio dividió a la Junta de Gobierno
del Colegio de Registradores y supuso una gran extrañeza en la mayoría del
millar de colegiados ya que el Colegio dispone de un buen servicio informático,
con cerca de 300 profesionales que desarrollan la mayor parte de los software
que utilizan los registradores.
La
sorpresa fue en aumento cuando una auditoría del Colegio reveló que la
contratación de FUTUVER se realizó “por encima de los precios de mercado”.
Otra auditoría externa realizada por la consultora HITACHI puso de relieve que
Justicia “decidió unilateralmente que el software de gestión de los
expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a
la empresa FUTUVER, sin que se compararan otras posibilidades” y subrayó
que el coste “o bien queda claramente por encima de los precios de mercado o
bien parece totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado”. La
conclusión fue que “el sistema informático de gestión de los expedientes de
nacionalidad podía haber costado entre 300.000 y 400.000 euros”, es decir, doce veces menos de lo que se pagó.
Una
vez realizado el cometido encomendado, Javier Angulo Rodríguez volvió a su
tarea de registrador como si nada hubiera ocurrido. En concreto, Angulo
Rodríguez, que antes del “gran
pelotazo tecnológico” era titular del registro número dos de Estepona
(Málaga), está destinado en el registro de Lleida desde febrero pasado y sigue
ligado a empresas privadas, ahora como administrador de la Consultoría de
Análisis e Inversiones para Rumania. Su superior en el Ministerio de Justicia, Joaquín Rodríguez, es titular del
Registro Mercantil de Zaragoza en situación de servicios especiales con reserva
de plaza (la misma situación en la que está Rajoy con el Registro de Santa
Pola). Este registro emite las facturas para una comunidad de bienes, aunque
sólo cuenta con un registrador en activo (curiosamente el consuegro de
Rodríguez). Parece extraño facturar a una comunidad de bienes de un solo
miembro ¿no? aunque en la cuenta corriente que indican para hacer el ingreso
aparece Joaquín Rodríguez como cotitular. ¿Esto no es conflicto de intereses?
La
cuestión de fondo radica en el desparpajo con el que actuaban unas personas de
ley para enriquecerse a costa de un servicio público del Estado, hasta ahora
gratuito para los ciudadanos como es el Registro Civil. Pero la cosa no termina
ahí. ¿Quién está detrás de la sociedad FUTUVER? Se sabe que el registrador Enrique
Rajoy Brey (hermano del Presidente del Gobierno) realizó gestiones
internacionales relacionadas con esa sociedad. ¿Casualidad?
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| Javier Angulo Rodríguez (izquierda) ejecutor del gran pelotazo tecnológico |
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