Pontevedra, 10 Abril de 2015
Que la justicia no es igual para
todos, es algo aceptado por la totalidad de la ciudadanía, y ni siquiera
nuestros propios dirigentes, que deberían negar la mayor, hacen nada por
arreglarlo. Vivimos todos bajo las mismas leyes, pero ni su aplicación ni el
trato dispensado a los administrados es el mismo.
Conviene
llamar la atención sobre un aspecto muy relevante de esta falta de trato
igualitario, que consiste en la celeridad con la que algunos afortunados
consiguen una justicia ágil y rápida y aquellos otros, que somos el resto,
cuyos procedimientos judiciales se eternizan. Además, los políticos, haciendo gala de un
corporativismo fuera de lo normal, defienden a los suyos de una manera exacerbada
en lugar de dar ejemplo a la sociedad en la rigurosidad a la hora de asumir las decisiones
judiciales, tanto antes como después de las sentencias.
Recientemente, la Audiencia de A
Coruña ha absuelto a los siete exconcejales del partido popular del Ayuntamiento
de Santiago que autorizaron el pago de la minuta del letrado a su entonces
compañero Adrián Varela, imputado en la trama Pokémon. Hasta aquí nada anormal.
Alguien que es imputado por un presunto delito, condenado por en primera
instancia y absuelto por la Audiencia. Como a tantos otros ciudadanos. ¿Cuál es
el problema? Pues que al tratarse de políticos la cosa cambia.
Tanto en el
momento de la imputación como, en este caso, de la absolución. Los dirigentes del PP se rasgan
las vestiduras y piden que oposición y prensa enmienden su error por
condenarlos antes de tiempo y por haberlos sometido a una persecución injusta
con un juicio paralelo. Creo en la prensunción de inocencia y estoy de acuerdo
en que no hay que condenar a nadie antes de que lo haga un juez, pero ni antes eran unos malvados, ni ahora son mártires. Simplemente son ciudadanos que han tenido una causa
abierta con la justicia y han sido imputados, procesados, juzgados y absueltos.
La cosa sería de lo más
normal si ellos mismos actuaran con responsabilidad y dimitieran de sus cargos públicos
en el momento de ser imputados, y si en su partido se le exigiera la dimisión; en ese caso, nada de esto ocurriría, porque sería algo
habitual en un estado de derecho, que a uno le pueden imputar un delito del que
puede salir condenado o absuelto. Pero como se aferran al cargo como lapas, se
les acusa primero de estar condenados antes de tiempo y luego exigen más de la
cuenta cuando son absueltos.
La culpa de esto es de los propios políticos por no ser honestos con la ciudadanía y saber
que en las instituciones no se puede estar con cuentas pendientes con la
justicia. En política no dimite nadie, y el que dimite, lo hace a reagañadientes.
¿Por qué el señor Feijoo no sale a la palestra con la misma rapidez que ahora
para exigir la dimisión de todos los imputados de su partido? ¿Qué quieren que
hagamos ahora?, ¿qué los saquemos en procesión para pedirles perdón? Sin
pasarse, por favor, porque el problema lo crean ustedes.
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