András, 13 Septiembre de 2019
Comienza un nuevo curso escolar y volvemos a tener la sensación de una nueva oportunidad perdida para contar con una ley de educación en condiciones. Una ley que no sea sectaria, que premie el esfuerzo, que se centre en el refuerzo a los que tienen más problemas y, sobre todo, que piense única y exclusivamente en los alumnos, que son el futuro del país. En una palabra, que no esté ideologizada.
La primera piedra en el zapato del inicio del curso es el propio arranque en sí mismo porque, según las conveniencias, en cada Comunidad Autónoma empieza en una fecha diferente. Este año además, el aderezo lo pone la polémica generada en torno a los libros de texto y a la denuncia de la Asociación Nacional de Libros de Enseñanza, que ha dicho que hay Comunidades Autónomas que quieren que los libros de texto digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia o la historia establece. En definitiva, ya están los políticos metiendo la cuchara para su propio interés sin importarles donde tengan que hacerlo ni las consecuencias que de ello se puedan derivar.
Durante la dictadura se hacía de una forma descarada y ahora lo hacen de una manera un poco más sutil, pero el objetivo y la intención es la misma. ¿Qué diferencia hay entre la versión tergiversada de España durante el franquismo y la que pretenden dar ahora algunos políticos demócratas?
Necesitamos un gran pacto de Estado en materia de educación, pero el problema es que aquí, los políticos no están para estas cosas. Están para luchas intestinas, para ver quién se hace con el poder y para echar al adversario la culpa de todo.
Posiblemente una parte del problema haya sido entregar a las Comunidades Autónomas la palanca ideológica de la educación, renunciando el Estado al principal instrumento de formación de los ciudadanos. De esta forma, el sistema educativo dejó de hacer ciudadanos españoles para hacer catalanes, vascos, andaluces, valencianos, gallegos, etc… y en ocasiones a costa de convertir en antagónicas dichas identidades. Y todo ello, además, ha provocado una brutal manipulación de los libros de texto por parte de la Consejería de turno encargada de supervisarlos.
Pero no solo eso, porque la falta de un pacto educativo acrecienta la brecha de desigualdad de los alumnos entre comunidades, reflejada también en las políticas de dotación de recursos a los centros y a las ayudas para la adquisición de material escolar.
En definitiva, la formación de ciudadanos a semejanza de cada ideología es una máxima y una prioridad para los partidos y eso es lo que impide encontrar una solución pactada. Actuar en el origen les garantiza la supervivencia y les perpetúa como imprescindibles. Por eso no hay una ley de educación estatal consensuada entre todos los partidos, porque cada uno quiere lo suyo y así, por lo menos, sacan su tajada en las Comunidades Autónomas donde gobiernan.
Publicado en PontevedraViva.com el día 13 de Septiembre de 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario