András, 14 Noviembre de 2019
Hace unas semanas pudimos ver en Cataluña a cientos de personas caminando por la autopista cargados con sus maletas camino del aeropuerto porque a los violentos del Comité de la Defensa de la República (CDR) se les ocurrió ese día fastidiarles la vida a los demás. A turistas, visitantes, personas que viajan a Cataluña por trabajo, a cualquiera que tuviera la intención de coger un taxi, un tren, un autobús o un avión. Así es como entiende esta gente la manifestación y la protesta, aguándoles la vida diaria a quienes no tienen nada que ver con todo el cacao que ellos tienen en la cabeza.
Las imágenes eran estremecedoras y daba la sensación de que vivimos en un país donde ha estallado una guerra o se ha producido una catástrofe natural y la gente escapaba de ello cómo podía. Esa es la imagen que los radicales quieren trasladar al mundo, la del caos. Y todo se lo deben a los ejecutores materiales de las ideas de sus mentores, Puigdemont y Torra, dos iluminados que están echando más tierra sobre Cataluña que la propia sentencia, el Tribunal Constitucional, el Rey, el gobierno del estado de la nación o los propios constitucionalistas a los que tanto odian.
Ahora, a los CDR les han salido unos hermanos, igual o más radicales que ellos, que campan a sus anchas sembrando el pánico y destruyendo en todo lo que pueden la convivencia y la economía. Son los del Tsunami Democrátic que ya tienen nombre destructivo. ¿En qué país serio se permite que unos radicales corten la autopista sin que nadie haga nada? ¿Cómo se puede permitir que la vía de acceso a Europa esté cada día interrumpida por unos impresentables, alentados y jaleados por el propio gobierno autonómico y el estado no haga nada? Lo fácil es preguntarse qué le ocurriría a cualquier ciudadano si se le diera por cortar una simple calle en cualquier ciudad española.
Pues estos lo hacen, y los políticos catalanes, que cobran de los presupuestos generales del estado aunque reniegan de él, les incitan y les apoyan desde las instituciones. Torra diciendo que su responsabilidad es “garantizar el derecho a la protesta”, como si los que no quieren hacerlo no tuvieran derechos. Y el vicepresidente, Pere Aragonés diciendo que “no podemos aflojar”, que es la versión de Esquerra del “apreteu” de los de Puigdemont. Y no pasa nada.
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