Hacienda somos todos

Pontevedra, 19 de Febrero de 2016

Finalmente, Cristina de Borbón se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales, ya que la Audiencia de Baleares dio la razón a la acusación particular representada por el Sindicato Manos Limpias y descartó la tesis defendida por los abogados de la acusada y por la propia Fiscalía Anticorrupción.

La todavía Infanta, no está acusada de un delito menor, sino que se le relaciona con una trama de corrupción político-empresarial en la que se investiga un supuesto desfalco al erario público de más de doce millones de euros. Casi nada. Y todo ello a pesar de la defensa a ultranza que el propio fiscal, Pedro Horrach, ha hecho hasta la fecha de la esposa de Iñaki. Contrasta esta atención con la que hubieran dispensado a cualquier ciudadano de a pie.

El tribunal de Baleares ha rechazado aplicar la doctrina Botín a doña Cristina, que establece que no se puede juzgar a nadie por delito fiscal solo con la acción de la acusación popular, por lo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían solicitado que se archivara la causa penal contra la señora de Urdangarin. Lo importante, es que Cristina de Borbón será juzgada por su implicación en el caso Nóos, y eso, de algún modo, la igualará al resto de españoles.

Dicen que la imputación le ha costado el destierro, pero lo cierto es que se trata de un retiro dorado que ya quisieran para si muchos españoles, viviendo desde hace unos meses en Suiza, donde trabaja para una organización internacional, por cierto, muy bien pagada.

Lo que es sorprendente y penoso es la defensa que tanto la Fiscalía como la abogacía del estado han hecho de ella, sin duda con el único interés de salvar la imagen de la Corona, algo que a estas alturas, se presume ya imposible.

Pero en todo este proceso maquiavélico, en el que hemos tenido que ver cómo el aparato del Estado ha intentado todo lo posible para tratar de librar a Cristina del banquillo, en este disparate, ahora tenemos que ver cómo la propia abogacía del Estado ha defendido que se archive la acusación con el argumento de que el famoso lema de "Hacienda somos todos" debe circunscribirse "al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país". La representante de la Hacienda Pública en la causa, Dolores Ripoll, se alineaba así en una intervención cargada de intensidad con la defensa de la hermana de Felipe VI, aludiendo al auto con el que el juez José Castro decidió definitivamente sentarla en el banquillo.

Los que se quejan de Venezuela, ¿no ven en actitudes como estas cierto tufillo caribeño?. Y por cierto, ¿no resulta curioso que los ayuntamientos que están siendo investigados en este caso estén, en su mayoría, gobernados por el PP?