martes, 2 de febrero de 2016

Gobierno en funciones

Pontevedra, 02 Febrero de 2016

Mientras se discute en el Congreso la composición de los grupos políticos, y en espera de un nuevo Gobierno, sea el que sea, la vida fluye y las decisiones que hay que tomar competen al actual ejecutivo en funciones, que no es menos legítimo pero hay quien teme que se autoricen iniciativas que un nuevo gobierno pudiera contradecir, y que fueran contra lo que defiende la nueva mayoría parlamentaria actual.

Por ejemplo, la reapertura de la central nuclear de Garoña. Greenpeace ha pedido que se paralice el proceso hasta que haya nuevo Gobierno, y no es una cuestión baladí, ya que la vida útil de una central nuclear son cuarenta años y los de ésta ya se han cumplido por lo que está cerrada desde hace tres. En estos días, el pleno del Consejo de Seguridad Nacional tiene que realizar informes y dictaminar si impulsa o no su reapertura, una decisión sobre la que tiene finalmente la última palabra el Ministerio de Industria.

Ocurre que, según cálculos de Greenpeace, 178 de los actuales 350 diputados del Congreso (mayoría absoluta) se comprometieron a no dar nuevas licencias a las viejas centrales nucleares españolas. No parece pues pertinente que una decisión de este calado pueda tomarla un gobierno en funciones por muy legitimado que esté para ello, menos aún sin haberse producido un debate público al respecto.

Ya sabemos que las eléctricas presionan, ¿pero sería de recibo que, conociendo la mayoría parlamentaria actual, el gobierno en funciones actual tomase una decisión en contra a esa mayoría?.

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