Pontevedra, 02 Febrero de 2016
Mientras se discute en el Congreso la composición de los
grupos políticos, y en espera de un nuevo Gobierno, sea el que sea, la vida
fluye y las decisiones que hay que tomar competen al actual ejecutivo en
funciones, que no es menos legítimo pero hay quien teme que se autoricen
iniciativas que un nuevo gobierno pudiera contradecir, y que fueran contra lo
que defiende la nueva mayoría parlamentaria actual.
Por ejemplo, la reapertura de la central nuclear de
Garoña. Greenpeace ha pedido que se paralice el proceso hasta que haya nuevo Gobierno,
y no es una cuestión baladí, ya que la vida útil de una central nuclear son
cuarenta años y los de ésta ya se han cumplido por lo que está cerrada desde
hace tres. En estos días, el pleno del Consejo de Seguridad Nacional tiene que
realizar informes y dictaminar si impulsa o no su reapertura, una decisión
sobre la que tiene finalmente la última palabra el Ministerio de Industria.
Ocurre que, según cálculos de Greenpeace, 178 de los
actuales 350 diputados del Congreso (mayoría absoluta) se comprometieron a no
dar nuevas licencias a las viejas centrales nucleares españolas. No parece pues
pertinente que una decisión de este calado pueda tomarla un gobierno en funciones
por muy legitimado que esté para ello, menos aún sin haberse producido un
debate público al respecto.
Ya sabemos que las eléctricas presionan, ¿pero sería de
recibo que, conociendo la mayoría parlamentaria actual, el gobierno en
funciones actual tomase una decisión en contra a esa mayoría?.
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