A Rúa Nova, 17 Enero de 2020
Apenas había echado a andar el nuevo gobierno, cuando Sánchez ya había cometido el primer error. De hecho, el resbalón se produjo cuando los ministros todavía se intercambiaban las carteras.
El protocolo de convivencia que han firmado PSOE y Podemos para tratar de sacar adelante la gobernabilidad, parece que va a tener el mismo valor que tiene cualquier otra promesa que, con anterioridad, han pregonado Sánchez e Iglesias.
Por ejemplo, la vehemencia con la que ambos censuraron en su momento, y con razón, al gobierno de Rajoy cada vez que intentaba meterse en el terreno de la Fiscalía, acusándolo de pretender controlar a los fiscales. Dijeron de todo, y todo cierto. El problema es que ahora, que son ellos los que gobiernan, parece ser que controlar la Fiscalía es un servicio a la patria, al diálogo, a la conciliación, a la desjudicialización y al resto de tonterías con las que se pretende camuflar el empeño de convertir la Fiscalía General del Estado en una filial de la abogacía.
Empezó Sánchez quejándose de que los fiscales del Supremo tuvieran criterio propio y acabó nombrando a la ministra de justicia como Fiscal General del Estado. Incluso difundió la noticia antes de que Dolores Delgado dejara de ser ministra, lo cual raya el colmo de la caradura. Primero, convierte a los fiscales del Supremo en un problema, y luego anuncia la solución, que no es otra que ponerles de jefa a una persona del partido.
¡Qué flaco favor le ha hecho el presidente al crédito de las instituciones y a la división de poderes!. No se duda de las competencias de la señora Delgado, lo que sucede es que nadie contaba con que un presidente del gobierno tuviera la caradura de abrir la puerta giratoria para pasar del poder ejecutivo al ministerio fiscal sin guardar ni siquiera un tiempo de razonable prudencia. ¿Qué menos que, cuando menos, guardar las apariencias?
Es verdad que una vez nombrado, el Fiscal General será todo lo independiente que quiera ser, y ejemplos recientes hemos tenido. Otra cosa es que se critique la intención de quién le elige. ¿Qué espera Sánchez de ese nombramiento? Una cosa es que el gobierno proponga, y otra muy distinta es que esté a su servicio, y nombrando a la ministra, pocas dudas quedan de cuál será su hoja de ruta y al servicio de quién va a estar.
El día que haya un gobierno que de verdad apueste por la independencia de la justicia, tendrá que modificar la forma de elegir al Fiscal General del Estado para que, aunque sea el Gobierno quien lo proponga, su elección dependa, al menos, de una mayoría en el Congreso de los Diputados. De lo contrario, todos los gobiernos tendrán siempre la tentación de nombrar a ministros como delegados del gobierno en puestos de altísima responsabilidad y, supuestamente, independientes.
Publicado en PontevedraViva.com el día 17 de Enero de 2020
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