Sospechas

A Rúa Nova, 31 Enero de 2020

Sanchez se va a reunir con Torra en la primera semana del mes de febrero, pero para restarle importancia y hacer como si nada, se ha inventado una ronda de entrevistas con otros presidentes autonómicos. La duda es saber de qué van a hablar, porque Torra llegará a la reunión con su inhabilitación bajo el brazo, ratificada por el Supremo y sin que él se quiera dar por enterado. 

Condenado a no poder ejercer cargo alguno por haber delinquido, a lo que, desde esta misma semana, se le añade otro inconveniente, que es que ya no está en condiciones de garantizar ni pactar nada ni con Pedro Sánchez ni con nadie porque él mismo anunció una convocatoria de elecciones en Cataluña. En diferido, pero convocatoria al fin y al cabo. 

En realidad Torra es coherente, eso no se le puede negar. Está condenado por desobediencia y en ella persevera. Si la Junta Electoral dice que ya no tiene escaño, pues lo recurre. Y que dice el Tribunal Supremo que no ha lugar al recurso, pues desobedece de nuevo y punto. 

A poca vista que tenga el señor Torra, ya se habrá dado cuenta de qué es lo que le tiene que pedir a Pedro Sánchez en el nuevo código penal a la carta de los condenados por el procés que está preparando; que le meta también un hachazo al delito de desobediencia a la autoridad. Se elimina la desobediencia como delito, argumentando que se ha quedado anticuado y que en Europa no lo ven con buenos ojos y así Torra, como Junqueras con la sedición, queda libre y se acabó el problema. 

¿Qué más delitos hay que quitar para allanar el camino a los independentistas? Es cuestión de hacerle una lista al presidente del gobierno y él se ocupa. Seguramente ese será el único tema a tratar en la reunión de la próxima semana, porque de otras cosas es inútil hablar. El Gobierno de España está ahora en eso, en acompasar nuestro código penal a las necesidades del siglo XXI, como ya empiezan a repetir en el PSOE como un mantra. 

Lo que toca ahora es modernizar el código penal, que de un día para otro se ha convertido en un problema esencial para los españoles, incluso más que el paro. Y si de rebote deja sin condena a Oriol Junqueras, Torra y compañía, ¿qué se le va a hacer? No es culpa del gobierno que haya independentistas condenados por los mismos delitos que se quieren cargar, y que sean precisamente quienes han elevado a Pedro Sánchez a los altares de Moncloa. Todo eso es casual, por supuesto. 

¿Cómo se nos ocurre sospechar de que se quiera retocar justamente el delito por el que está cumpliendo condena el líder del partido que ha dado su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez? 

Publicado en PontevedraViva.com el día 31 de Enero de 2020

Reincidentes

A Rúa Nova, 29 Enero de 2020

Seis de los nueve presos del procés han ido al Parlament para participar en una comisión de investigación por la aplicación del 155. Su participación ya es surrealista, pero además de eso, ¿qué se esperaba que dijeran? Lo que han hecho ha sido largar un mitin y amenazar con que lo volverían a hacer. ¿Eso no es ser reincidente? ¿Eso no significa que no están arrepentidos? ¿Y eso no debería ser motivo de aplicación de algún tipo de castigo penitenciario? Igual que se les mitiga la pena a los que se arrepienten, ¿no se debería multar a los que quieren reincidir?

Por no hablar del recibimiento que los parlamentarios catalanes les dispensaron a quienes están condenados por tan graves delitos. ¿Esto no es como cuando los presos de ETA son recibidos con honores en sus pueblos después de cumplir condenas por delitos igualmente graves? Es verdad que en este caso no hay delitos de sangre, pero representan al estado español, mal que les pese, y cobren de él, por tanto, las formas deberían tenerse un poco en cuenta. Porque la imagen que se traslada es un misil a la línea de flotación de la democracia que tanto se ha luchado por conseguir. 

¿Y como se tiene que interpretar que los socios de Podemos en Cataluña sigan insistiendo en que estos señores son presos políticos? Otro misil a la imagen exterior de España y a la democracia. Esto de Cataluña hace tiempo que se la ha ido de las manos a todo el mundo.

Coherencia contradictoria

A Rúa Nova, 25 Enero de 2020

¿Si querían evitar un pacto con los independentistas, por qué PP y Ciudadanos no se abstuvieron en la investidura de Pedro Sánchez? 

¿Y si Esquerra y Bildu querían un gobierno socialista y tenían un pacto con él, por qué no votaron a favor en lugar de abstenerse?

¿Y si Feijoo tiene ascendencia en su partido y pide “firmeza y sentido de estado” para hacer oposición al gobierno de coalición, por qué no le hacen caso sus colegas de Madrid?

¿Y cómo se entiende eso de que el vicepresidente de un gobierno no reconozca como presidente de un gobierno a alguien que el gobierno al que pertenece si reconoce? El vicepresidente es Iglesias y el presidente no reconocido Guaidó.

¿Contradicciones con fines electoralistas? ¿Qué hay de la coherencia? 

Otro independentista de pega

A Rúa Nova, 24 Enero de 2020

El comisario Trapero libra su particular batalla contra la justicia española en la Audiencia Nacional. Este hubiese sido el titular de haberse celebrado el juicio hace unos meses, cuando la prensa catalana sumisa al régimen aún le consideraba como un mártir de la causa “indepe”. El Jefe del brazo armado del poder catalán que hizo la vista gorda en las calles y le puso las cosas difíciles a la policía española, está ahora contra las cuerdas por la acción de la propia justicia española.

Sin embargo, a estas alturas Trapero ha dejado de ser un mito, el héroe de la independencia catalana. El comisario, que una vez estuvo a las órdenes de los políticos rebeldes y que ejecutaba a la perfección sus órdenes, ha dejado de mostrar su cara más republicana para abrazar definitivamente la legalidad española, al menos para mostrar su temor a una posible condena por graves delitos.

Es lo que tiene ver la cárcel de cerca. Ahora dice que nunca tuvo una relación estrecha con Puigdemont, que tampoco la tuvo con Jordi Sánchez, que no se siente identificado con las iniciativas del gobierno autonómico y menos con las de las asociaciones independentistas; aquellas que en 2017 estaban a la orden del día y marcaban la agenda del gobierno catalán. 

Además, por lo que le cuenta a su señoría, parecer ser que se sentía incómodo, que no comulgaba con los postulados independentistas y que incluso, se atrevió a afearle la conducta al que por aquel entonces era el Consejero de Interior. ¿Por qué no dimitió entonces? ¿Engañó antes a los independentistas o miente ahora al juez? 

Su tesis, es que pudo cometer errores en el diseño de los operativos policiales pero lo que no admite, es que fuera una estrategia intencionada de sabotear el plan del gobierno central para que no hubiera urnas, o que fuera cómplice del gobierno independentista para que prosperara el referéndum.

En definitiva, las ratas abandonan el barco cuando se hunde y Trapero es una rata en el naufragio del process. Aún así ha tenido la suerte de que su juicio se celebre después del de los políticos que ya han sido condenados, porque la Fiscalía sabe lo que pueden lo que no puede pedir para él. 

De todos modos, se enfrenta a los mismos delitos y la misma pena que se les impuso a los Jordis, Junqueras y compañía. Y, como el miedo es libre, le ha visto las orejas al lobo y reniega de todo lo que en su momento hizo y fue. Otro independentista de pega.

Publicado en PontevedraViva.com el día 24 de Enero de 2020

Sin ironía

A Rúa Nova, 22 Enero de 2020

¿Cuál es el verdadero motivo por el que el Gobierno tiene tanta prisa en modificar el código penal? ¿Por qué pretende rebajar las penas por sedición e incrementar las de rebelión? ¿Y por qué no se contempla ahora la reforma de otros delitos en los que el PSOE y Podemos habían hecho tanto hincapié, como los relacionados con delitos sobre el acoso sexual o la prisión permanente revisable de la que, por cierto, hicieron causa común e incluso recurrieron ante el Tribunal Constitucional?

¿No tendrá rodó ello alguna relación con tratar de contentar a los independentistas? Y peor aún, ¿no estará el Gobierno pensando en modificar el código penal pensando en una única persona, para pagar algún favor político y para que pueda posteriormente solicitar una rebaja de la pena? No, seguro que no porque este gobierno es, ante todo independiente, ¿no?.

Echarlos es una prioridad

A Rúa Nova,20 Enero de 2020

Mientras los independentistas estén gobernando en Cataluña, no tendrán escrúpulos para poner toda la estructura de poder a su servicio. Sin ningún tipo de pudor, han convertido a las instituciones catalanes en meras herramientas de propaganda para la causa, y no les imposta nada que no sea la independencia. Lo de gobernar se ha acabado en Cataluña, y están dispuestos a hacer lo que haga falta. 

Están dispuestos incluso, a poner en evidencia a la figura del Defensor del Pueblo quien, en un gesto de caradura sin precedentes, pidió la anulación del delito de sedición en el Código Penal para que para que los políticos condenados puedan ser puestos en libertad. Como se suele decir, muerto el perro se acabó la rabia, y si no hay delito no se puede condenar a nadie. 

Que Rafael Ribó, que es como se llama esta joya, se preste a estos tejemanejes y a hacer un ridículo tan espantoso, no es el problema, porque es un independentista más que está cegado por el odio a España. El problema es el daño que hace a la institución que se supone representar, a su posición partidista, a olvidar cuáles son sus verdaderas funciones y, sobre todo, a obviar de un plumazo a la mitad del pueblo catalán que no comulga con sus ideas. 

El Gobierno de Cataluña hace tiempo que dejó que gobernar, y han centrado toda su actividad en la defensa de unos prófugos y de condenados por delitos muy graves. Expulsarlos de las instituciones es urgente, y el primer paso para resolver esta situación está en manos de los catalanes. Como debe ser.

Primer resbalón

A Rúa Nova, 17 Enero de 2020

Apenas había echado a andar el nuevo gobierno, cuando Sánchez ya había cometido el primer error. De hecho, el resbalón se produjo cuando los ministros todavía se intercambiaban las carteras. 

El protocolo de convivencia que han firmado PSOE y Podemos para tratar de sacar adelante la gobernabilidad, parece que va a tener el mismo valor que tiene cualquier otra promesa que, con anterioridad, han pregonado Sánchez e Iglesias. 

Por ejemplo, la vehemencia con la que ambos censuraron en su momento, y con razón, al gobierno de Rajoy cada vez que intentaba meterse en el terreno de la Fiscalía, acusándolo de pretender controlar a los fiscales. Dijeron de todo, y todo cierto. El problema es que ahora, que son ellos los que gobiernan, parece ser que controlar la Fiscalía es un servicio a la patria, al diálogo, a la conciliación, a la desjudicialización y al resto de tonterías con las que se pretende camuflar el empeño de convertir la Fiscalía General del Estado en una filial de la abogacía. 

Empezó Sánchez quejándose de que los fiscales del Supremo tuvieran criterio propio y acabó nombrando a la ministra de justicia como Fiscal General del Estado. Incluso difundió la noticia antes de que Dolores Delgado dejara de ser ministra, lo cual raya el colmo de la caradura. Primero, convierte a los fiscales del Supremo en un problema, y luego anuncia la solución, que no es otra que ponerles de jefa a una persona del partido.

¡Qué flaco favor le ha hecho el presidente al crédito de las instituciones y a la división de poderes!. No se duda de las competencias de la señora Delgado, lo que sucede es que nadie contaba con que un presidente del gobierno tuviera la caradura de abrir la puerta giratoria para pasar del poder ejecutivo al ministerio fiscal sin guardar ni siquiera un tiempo de razonable prudencia. ¿Qué menos que, cuando menos, guardar las apariencias?

Es verdad que una vez nombrado, el Fiscal General será todo lo independiente que quiera ser, y ejemplos recientes hemos tenido. Otra cosa es que se critique la intención de quién le elige. ¿Qué espera Sánchez de ese nombramiento? Una cosa es que el gobierno proponga, y otra muy distinta es que esté a su servicio, y nombrando a la ministra, pocas dudas quedan de cuál será su hoja de ruta y al servicio de quién va a estar. 

El día que haya un gobierno que de verdad apueste por la independencia de la justicia, tendrá que modificar la forma de elegir al Fiscal General del Estado para que, aunque sea el Gobierno quien lo proponga, su elección dependa, al menos, de una mayoría en el Congreso de los Diputados. De lo contrario, todos los gobiernos tendrán siempre la tentación de nombrar a ministros como delegados del gobierno en puestos de altísima responsabilidad y, supuestamente, independientes.

Publicado en PontevedraViva.com el día 17 de Enero de 2020