András, 11 Septiembre de 2020
La marcha atrás en el supuesto acuerdo que Pablo Casado tenía con el presidente del Gobierno para renovar el órgano de gobierno de los jueces, hay que entenderlo única y exclusivamente como tacticismo político, por puro interés del partido, y supone, en el fondo, un grave desprecio a la Constitución.
Por triste que parezca, y a pesar del desaprecio que merece el independentismo catalán por todas las tropelías que han cometido, con un menosprecio absoluto a la Constitución española, la actitud de Pablo Casado en este asunto debe ponerse exactamente al mismo nivel que aquellas actitudes de los independentistas.
Pablo Casado está despreciando la Constitución española igual que Torra y todos sus adláteres. Se ha situado en un nivel de desprecio flagrante, y las excusas que ha puesto, aludiendo a que no pueden renovar las instituciones del Estado única y exclusivamente porque el gobierno actual no es de su agrado es, en toda regla, un desprecio absoluto a la Constitución y a la democracia.
Porque es la propia Constitución la que le ordena a él, como presidente de un partido que atesora una parte mayoritaria que lo puede permitir en el Congreso, la designación de una serie de personas por mandato constitucional, independientemente de que el gobierno de turno le guste, no le guste o le deje de gustar.
Da igual que el gobierno sea progresista, que tenga una política anti clerical, anti educación privada, que sube o baje los impuestos o lo que quiera defender. Tampoco tiene nada que ver en este asunto lo que el Gobierno piense del Rey y, por tanto, con esta actitud, Pablo Casado está violentando la Constitución como antes lo hicieron los independentistas catalanes.
¿Por qué el Tribunal Constitucional no interviene en este momento como lo hizo (y bien hecho estuvo) amonestando al Parlamento de Cataluña? El TC tiene la potestad de dar un toque de atención al Congreso de los Diputados y al Senado, diciéndoles que están todos despreciando la Constitución por dejar de asumir una de los mandatos que la propia Carta Magna les otorga. Están faltando a un mandato constitucional.
Llegado a este punto, ni el propio Lesmes ocupa ya su puesto de forma legítima en estos momentos, y si tuviera dignidad, igual que el resto de miembros del Consejo, establecerían un plazo para que se produjese de una vez el acuerdo para la renovación de cargos, amenazando con la dimisión en bloque. Deberían hacerlo aunque solo fuera por la dignidad del cargo que representan. ¿Por qué no lo harán? Porque el plus económico de formar parte del Consejo General del Poder Judicial es suculento, y eso, es lo único que no es despreciable.
Publicado en PontevedraViva.com el día 11 Septiembre de 2020
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