sábado, 31 de diciembre de 2016

Palo a la justicia española

Pontevedra, 30 Diciembre de 2016

El Tribunal Europeo de Justicia ha decidido que la nulidad de las cláusulas suelo debe tener efectos retroactivos, y los bancos tendrán que devolver lo que han cobrado de más desde la firma de las hipotecas. ¿Cómo es posible que la justicia española, a pesar de haberlas declarado abusivas, no haya obligado a los bancos a devolver el dinero ingresado antes del año 2013?.

El Tribunal Europeo consideró que la justicia española no defendió a los usuarios, y que antepuso los intereses de las entidades abusadoras. El Supremo resolvió que a pesar de reconocer que los bancos imponían una cláusula abusiva, debía limitar las cantidades a devolver a los usuarios, y todo ello para protegerlos de posibles consecuencias sobre el sector financiero. Digamos que aplicó una retroactividad limitada para no dañar excesivamente al poderoso. Ahora, el alto tribunal europeo desdice a la justicia española y de paso la deja en evidencia.

En realidad, con esta sentencia nos hacen una radiografía de cómo está el estado de derecho español, porque allá de la buena noticia para los afectados, debemos hacer análisis para darnos cuenta de que vivimos en una democracia podrida que protege a los poderosos.

Cuanto más cerca del poder se encuentra la justicia, más condicionada está. Este tema se inicia con dos jueces muy alejados del poder, que ven una posible injusticia en el asunto, pero a medida que éste va escalando y llega al Supremo, los poderes fácticos, a través de su brazo ejecutor que son los políticos, empiezan a presionar a los jueces para no dañar demasiado a los bancos.

Es decir, a pesar de saber que se ha cometido una injusticia, se consigue una sentencia que no sea tan lesiva como realmente debiera, y esto es lo que demuestra ahora el Tribunal Europeo. ¿Y por qué lo hace? Pues entre otras razones, porque este tribunal vuelve a estar alejado del poder español, con menos poder de influencia sobre ellos, y las decisiones vuelven a ser justas, sin pensar en quien es el perjudicado.

El panorama es desolador y la noticia trae consigo una decisión judicial, que por su carácter técnico igual no nos deja ver el verdadero problema que tenemos encima, que es la connivencia que existe entre el sistema financiero, judicial y político.


Ellos se ponen de acuerdo para vendernos dinero que nos de acceso a una vivienda (teóricamente un derecho fundamental), al precio que ellos ponen, con contratos que imponen, con cláusulas leoninas e injustas y finalmente se ponen de acuerdo en que las pérdidas, en caso de haberlas, las asume la sociedad, y si éstas afectaran a su estabilidad se socializan, habrá un rescate y las pagarán todos los ciudadanos. Pero si hay ganancias se las reparten. El negocio perfecto. La sentencia nos ayuda a visualizar esta alianza maligna entre el sistema bancario y los políticos con la camaradería de la justicia.

Publicado en PontevedraViva.com el día 30 de Diciembre de 2016

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