Pontevedra, 30 Diciembre de 2016
El Tribunal Europeo de Justicia ha decidido que la nulidad de las cláusulas suelo debe
tener efectos retroactivos, y los bancos tendrán que devolver lo que han
cobrado de más desde la firma de las hipotecas. ¿Cómo es posible que la
justicia española, a pesar de haberlas declarado abusivas, no haya obligado a
los bancos a devolver el dinero ingresado antes del año 2013?.
El Tribunal Europeo consideró que la justicia española no defendió a los usuarios, y que antepuso los
intereses de las entidades abusadoras. El Supremo resolvió que a pesar de reconocer
que los bancos imponían una cláusula abusiva, debía limitar las cantidades a
devolver a los usuarios, y todo ello para protegerlos de posibles consecuencias
sobre el sector financiero. Digamos que aplicó una retroactividad limitada para
no dañar excesivamente al poderoso. Ahora, el alto tribunal europeo desdice a
la justicia española y de paso la deja en evidencia.
En realidad, con esta sentencia nos hacen una radiografía
de cómo está el estado de derecho español, porque allá de la buena noticia para
los afectados, debemos hacer análisis para
darnos cuenta de que vivimos en una democracia podrida que protege a los
poderosos.
Cuanto más cerca
del poder se encuentra la justicia, más condicionada está. Este tema se inicia con dos
jueces muy alejados del poder, que ven una posible injusticia en el asunto,
pero a medida que éste va escalando y llega al Supremo, los poderes fácticos, a
través de su brazo ejecutor que son los políticos, empiezan a presionar a los
jueces para no dañar demasiado a los bancos.
Es decir, a pesar de saber que se ha cometido una
injusticia, se consigue una sentencia que no sea tan lesiva como realmente debiera,
y esto es lo que demuestra ahora el Tribunal Europeo. ¿Y por qué lo hace? Pues
entre otras razones, porque este
tribunal vuelve a estar alejado del poder español, con menos poder de
influencia sobre ellos, y las decisiones vuelven a ser justas, sin pensar en
quien es el perjudicado.
El panorama es desolador y la noticia trae consigo una
decisión judicial, que por su carácter técnico igual no nos deja ver el
verdadero problema que tenemos encima, que es la connivencia que existe entre el sistema financiero, judicial y
político.
Ellos se ponen de acuerdo para vendernos dinero que nos
de acceso a una vivienda (teóricamente un derecho fundamental), al precio que ellos
ponen, con contratos que imponen, con cláusulas leoninas e injustas y
finalmente se ponen de acuerdo en que las pérdidas, en caso de haberlas, las
asume la sociedad, y si éstas afectaran a su estabilidad se socializan, habrá
un rescate y las pagarán todos los ciudadanos. Pero si hay ganancias se las
reparten. El negocio perfecto. La
sentencia nos ayuda a visualizar esta alianza maligna entre el sistema bancario
y los políticos con la camaradería de la justicia.
Publicado en PontevedraViva.com el día 30 de Diciembre de 2016
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