András, 08 enero de 2026
Hace unos días, en el marco de una agresión bélica, un contingente militar de un país invadió el territorio de otro, secuestró a su presidente y lo puso en manos de la justicia sin ningún tipo de garantía ni seguridad jurídica.
Estos sucesos no han sido perpetrados por un dictador en uno de esos países trasnochados y remotos que abundan en el mundo, sino por Estados Unidos, la que dicen es la democracia más desarrollada del planeta.
Con total impunidad, han invadido un país soberano, secuestrado a un presidente, sobre el que no tienen jurisdicción, han asesinado a civiles y violado la legislación internacional. Y no lo han hecho con la intención de acabar con el régimen absolutista del chavismo en Venezuela, sino para hacerse con sus recursos.
No hay que estar a favor de Maduro para ver la realidad y llamar a las cosas por su nombre. Esta violación flagrante del derecho internacional por parte de EEUU, no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con que Maduro sea un autócrata, se debe a motivaciones geoestratégicas y económicas, además de ideológicas, en un momento de reacomodación del denominado orden internacional.
Se trata de un acto desprovisto de cualquier aval jurídico internacional y realizado sin, tan siquiera, el mínimo intento de construir una apariencia de legalidad.
La administración de Trump ha convertido en norma las sanciones unilaterales, la apropiación de recursos estratégicos, la coerción económica contra estados soberanos y la deslegitimación de los mecanismos multilaterales cuando estos investigan a sus aliados.
Se trata de un patrón que responde a una concepción del poder que desprecia la legalidad internacional, convierte la violencia en criterio de legitimidad y presenta la expansión imperial como derecho natural del más fuerte.
Por eso, la respuesta de la comunidad internacional exige una ruptura con la inercia de las declaraciones rituales y los típicos comunicados de preocupación formal. La contención eficaz requiere coordinación política, firmeza diplomática y acciones proporcionadas que hagan respetar la soberanía y el derecho internacional.
La defensa de la soberanía venezolana se fundamenta en un principio elemental del derecho internacional: la autodeterminación de los pueblos y la inviolabilidad de su territorio. Cuando este principio se vulnera sin respuesta, el precedente se extiende y la agresión se normaliza. Si cae Venezuela, la cadena de ataques alcanzará inevitablemente a otros países y regiones.
Publicado en PontevedraViva.com el día 08 de enero de 2026
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