András, 12 diciembre de 2025
La condena al fiscal general fue aprobada por cinco magistrados con perfil conservador reconocido. Manuel Marchena Gómez, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García y Carmen Lamela Díaz, tienen una trayectoria que ha estado históricamente apoyada, respaldada o facilitada por el Partido Popular
Esta votación no es un hecho aislado, sino el resultado de una estructura judicial formada durante décadas bajo mayorías conservadoras y fortalecida por el bloqueo a la renovación del CGPJ impuesto por el Partido Popular que, recordemos, mantuvo el órgano caducado durante más de cinco años para poder preservar el control sobre los nombramientos.
Los vínculos entre estos magistrados y el PP no son una invención, son públicos y están documentados. Por ejemplo, Manuel Marchena fue propuesto por el PP para presidir el Poder Judicial hasta que estalló el caso del mensaje interno en el que se presumía de controlar la sala de lo Penal por detrás.
Juan Ramón Verdugo pertenece a la Asociación profesional de la Magistratura, considerada como la asociación judicial más alineada con posiciones conservadoras y tradicionalmente cercana al PP.
Carmen Lamela Díaz, se consolidó como figura clave dentro del enfoque más punitivo del Estado en sus decisiones en la Audiencia Nacional, especialmente, en causas donde coincidió con el interés político del bloque conservador.
Y Antonio del Moral, cuya vinculación al Opus Dei es un hecho, fue ascendido en un contexto en el que el sector conservador del CGPJ dominaba con holgura. Incluso, Andrés Martínez Arrieta, aunque con un perfil más técnico, forma parte del entramado judicial configurado durante años bajo mayorías políticas de derechas, que consolidaron la hegemonía conservadora en la cúpula judicial.
Por tanto, el resultado es evidente, se ha condenado al Fiscal General sin una sola prueba directa de las acusaciones que se le imputaban, a pesar de los testigos que aseguraban lo contrario y motivado porque, según palabras textuales de la propia sentencia, "no había alternativa razonable", lo que da a la sentencia un sesgo más político que jurídico.
Publicado en PontevedraViva.com el día 12 de diciembre de 2025

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